50 años fue atacado el lunes por dos hombres en motocicleta cuando conducía su vehículo en Santo Domingo de Heredia, a unos 15 kilómetros de San José. Según las autoridades, los agresores realizaron entre nueve y diez disparos. El comunicador había denunciado amenazas de muerte y aseguraba haber entregado informes a la agencia antidrogas estadounidense DEA sobre presuntos nexos entre el crimen organizado y círculos de poder en Costa Rica. El colegio de periodistas condenó el crimen y reclamó una investigación rápida al considerar que todo apunta al silenciamiento de una voz que difundía información sobre el narcotráfico. En los últimos años, Costa Rica pasó de ser un país de tránsito a convertirse en un centro logístico del narcotráfico. La violencia asociada al crimen organizado ha impulsado la tasa de homicidios hasta cerca de 17 por cada 100.000 habitantes, casi el triple de la media mundial. Aunque Costa Rica se mantiene entre los países mejor posicionados para la libertad de prensa. En el puesto 38 de 100 naciones evaluadas por reporteros sin fronteras, este año descendió dos lugares en la clasificación. Vamos hasta Panamá, quien negociará con una firma canadiense para reactivar la cuestionada mina de cobre. Panamá abrió la puerta a la reactivación de la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica, un proyecto que antes de su cierre representaba el 75% de las exportaciones del país y cerca del 5% de su PIB. El presidente José Raúl Molino anunció el lunes conversaciones con Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, para explorar una reapertura de las operaciones clausuradas en 2023, cuando la Corte Suprema declaró inconstitucional la concesión por violaciones a normas ambientales y de contratación pública. La mina estuvo en el centro de semanas de protestas que paralizaron gran parte del país, pero su cierre también abrió un frente económico ilegal para Panamá, que enfrenta reclamaciones por unos 27 mil millones de dólares, equivalentes a cerca del 30% de su PIB. Buscar la reactivación de la actividad minera solo si están protegidos los intereses de la patria y existen beneficios reales para Panamá. Esto se traduce en obtener los mayores ingresos posibles para el país y generar miles de empleos exclusivamente para los panameños. Asegurar el control y registro abierto de todos los materiales extraídos. Exigir el uso responsable del agua. El anuncio llega después de que una comisión ministerial recomendara reactivar temporalmente las operaciones para avanzar hacia un cierre ordenado de las instalaciones. Aunque desde 2023 una ley prohíbe nuevas concesiones mineras en el país, el gobierno busca al mismo tiempo resolver los litigios abiertos por la compañía, que suspendió sus arbitrajes mientras espera una decisión sobre el futuro del proyecto.
En más información del ámbito internacional, son cinco los países de la Unión Europea que presentaron un plan para crear en Ruanda un centro para migrantes expulsados. Cinco países de la Unión Europea anunciaron el lunes un proyecto para abrir en Ruanda el primer centro destinado a recibir a migrantes expulsados de Europa, una iniciativa que sus defensores consideran un cambio histórico y que sus críticos denuncian como una externalización de la política migratoria. Alemania, Dinamarca, Austria, Grecia y Países Bajos prevén trasladar allí a solicitantes de asilo cuyas peticiones hayan sido rechazadas y que hayan agotado todas las vías de recurso. El centro, respaldado por la Comisión Europea, abriría en 2027 y comenzaría con un centenar de migrantes, previsiblemente hombres adultos interceptados en la frontera. Los menores quedarán excluidos del programa. Sus impulsores sostienen que la medida busca aumentar las expulsiones y desalentar la migración irregular hacia Europa. Las autoridades de los cinco países europeos serán responsables de trasladar los migrantes a Ruanda. Kigali rechaza describir las instalaciones como centros de detención y prefiere llamarlas centros de acogida, donde asegura que ofrecerá formación profesional y otras alternativas de integración. La Organización Internacional para las Migraciones podría brindar asistencia sobre el terreno una vez que los migrantes lleguen al país africano. Mientras organizaciones de derechos humanos cuestionan el proyecto, sus promotores